Blanquear con la polución: los derechos de emisión de CO₂ lavan dinero

La complejidad y la falta de control del mercado de derechos de emisión de CO₂ le han convertido en una puerta fácil para introducir el dinero negro en el sistema financiero
Las autoridades reconocen que localizar estas tramas de blanqueo no es fácil
Bancos como Fortis o Deutsche Bank se han visto implicados en este delito

En un cielo contaminado, hay quien ve una oportunidad de negocio.

Señores defraudadores todos, como los que se acogieron a la última amnistía fiscal promovida por Hacienda. Deben saber que eso de blanquear llevando los dineros a un paraíso fiscal está desfasado. Hacerlo en Andorra o Suiza suena casi tan casposo como las películas de los años sesenta de Alfredo Landa.

Desde hace unos años, hay una fórmula mucho más sofisticada, sorprendente e innovadora de esquivar al fisco y blanquear todos esos sobres cargados de dinero negro que se mueven por el mundo. Se trata de los derechos de emisión de dióxido de carbono ( CO₂). Y, hasta ahora, su estrella más conocida es un estiloso empresario francés, 40 años y pañuelo al cuello, llamado Cyril Astruc.

Por partes. El comercio de los derechos de emisión de CO₂ surgió en 1997 a raíz del Protocolo de Kioto con la intención de estimular la reducción de gases de efecto invernadero. Para ello se estableció la asignación de un cupo de emisiones a las empresas contaminantes. En el caso de que contaminasen menos, se les permitió vender esas cuotas sobrantes. Las posiciones sobre si esta idea está siendo efectiva o no para cuidar el medioambiente son diversas y encontradas, pero no es el tema que nos ocupa.

Lo cierto, es que más allá de su fin inicial, el comercio de derechos de emisión de CO₂ se convirtió, casi desde el principio, en un foco de corrupción y delito. Se desarrolló a través de mercados financieros especializados, complicados, poco organizados y sobre todo poco regulados. Las policías de los principales países europeos acumulan expedientes de fraudes de todo tipo en los que los estafadores aprovechan lagunas en el sistema, tanto para engatusar a compradores poco informados como para cometer delitos contra el fisco y las leyes internacionales. 

En diciembre de 2009, la Europol cuantificó el daño del crimen en el mercado de los derechos de carbono en 5.000 millones de euros. Una cifra que como mínimo ya supera los 8.000 millones, según estimaciones de los expertos belgas en el asunto.

¿Con IVA o sin IVA?

Entre los más sorprendentes, y lucrativos, están las tramas de fraude del IVA y el blanqueo de capitales. Los informes de Point Carbon aseguran que varias instituciones financieras que participan en estos mercados están siendo investigadas por las autoridades británicas, que intentan recuperar cientos de millones de libras en el IVA no pagado como resultado del fraude de crédito de carbono.

Para sorpresa de muchos, la Unión Europea cargó esos derechos de emisión con IVA. Pero a diferencia del resto de bienes que tienen IVA, los derechos de emisión no necesitan camiones para ser traspasados de un país a otro. Así que, desde su inicio, se convirtieron en el 'bien' ideal para montar estructuras societarias entrelazadas ( carruseles, según la terminología de las autoridades y expertos fiscales) en las que queda difuminada la identidad del sujeto encargado de pagar el susodicho impuesto.

La Interpol asegura que el diseño de este mercado ha facilitado los delitos fiscales y de blanqueo de dinero. En realidad, ese diseño fue casi un regalo para las mafias de blanqueo internacionales. Precisamente, uno de los casos más llamativos ha sido el de Cyril Astruc. Este empresario francés fue arrestado en enero de 2014 por cometer fraudes con el comercio ilegal de derechos de emisión de CO₂, valorados en 72 millones de euros.

"El Pollo" como le llaman sus conocidos, había montado una red de fraude y blanqueo "de libro". En principio, puso en marcha un entramado de sociedades con presencia en diferentes países de la Unión Europea,  para mover entre ellas los derechos de emisión y con el que habría estafado al fisco francés unos 15 millones en el pago del IVA.

Además, se había establecido en Israel, un país con controles más laxos, para comerciar desde allí con los derechos de emisión. Su red de empresas permitía el acceso del dinero negro al sistema financiero y fue detectado en una investigación realizada en Bélgica a Fortis Bank. En esa misma trama, otro ciudadano británico fue detenido en Las Vegas (EEUU) donde, presuntamente, establecía un contacto más cercano con el origen del dinero negro. Pero, como recoge la prensa francesa, no son los únicos que se dedican a este sucio negocio.

Modus operandi

Según detalla la Interpol, estas tramas siempre son iguales. Los derechos de emisión de CO₂ se compran con dinero negro. Así las mafias introducen el dinero en el sistema financiero. Luego esos derechos se revenden en varias ocasiones a través del entramado de empresas (carrusel) que permite desligar el origen de la entrada del dinero en el sistema de quien finalmente recupera el dinero blanqueado, y en algunos casos hasta aumentado. Porque en cada compraventa el precio de los derechos de emisión aumenta. La última fase es transformar el dinero en coches, diamantes, etc.

El sistema de derechos de emisión es perverso y perfecto para este tipo de actividades. Los créditos están identificados a través de un número. Pero son muchos los países que requieren la identificación física de los propietarios de los productos financieros para poder hacer un seguimiento. 

Esto ha originado casos tan disparatados como el que le ocurrió a Holcim, una de las mayores cementeras del mundo, en 2010. Unos hackers atacaron el sistema informático de su sede en Rumanía y robaron 23,5 millones de euros en créditos de carbono. La colaboración entre los agentes de ley internacionales permitió recuperar algo menos de la mitad de los derechos robados, ya que muchas jurisdicciones aseguraron necesitar la identificación real del propietario para devolver un producto financiero robado y Holcim solo podía presentar un número.

Otro caso muy sonado es el de el banco alemán Deutsche Bank. En 2010 fue acusado de facilitar el blanqueo de capitales y de evasión fiscal a través del mercado de derechos de carbono. Y, de nuevo, en 2012 las autoridades financieras de Fráncfort ordenaron la detención de cinco empleados por el mismo motivo.